La ley en cuestión declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, "con la finalidad de paliar el déficit y posibilitar la realización de acciones tendientes a la promoción del bienestar general".
A tono con el gobierno de María Eugenia Vidal, la administración de Carlos Arroyo presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para adherir a la ley provincial 14812, que le permitiría evitar algunos pasos normativos para llevar adelante las licitaciones de obras públicas, lo que le otorgaría mayor celeridad a los trámites.
La ley en cuestión declara la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, “con la finalidad de paliar el déficit y posibilitar la realización de acciones tendientes a la promoción del bienestar general”.
“La norma sancionada por la Legislatura Provincial permitirá, de lograrse su adhesión, simplificar procedimientos, diferir requisitos en procesos de selección de contratistas, rescindir, renegociar y aumentar o disminuir prestaciones y montos de los contratistas particulares en relación a los contratos existentes”, señalan las autoridades municipales en los fundamentos del proyecto de adhesión.
“Cabe señalar que, sin perjuicio de lo señalado, la naturaleza de la norma mantiene el estricto respeto por los principios esenciales de toda relación contractual de carácter público, no implicando a nuestro entender ningún menoscabo a los principios de igualdad, juridicidad y concurrencia de cualquier proceso de selección de contratista”, agregan.
Sostienen que, hoy por hoy, hay “una serie de obras adjudicadas, otras inclusive contratadas, con y sin principio de ejecución, que generan la urgente necesidad de regularizar las mismas, en el marco que la propia Ley de Emergencia propone”.
A partir de la adhesión a esta ley, por caso, el municipio podría rescindir, renegociar y aumentar o disminuir hasta un 35% las prestaciones y montos de los contratistas particulares.
Por otro lado, quedaría exceptuado de publicar en el Boletín Oficial. En cambio, podría publicar los anuncios en “el sitio web que determine la reglamentación”.
La ley tiene la vigencia de un año con la opción de ser prorrogado por otro. Según los anuncios públicos, Mar del Plata recibirá cerca de $ 158 millones de la provincia correspondientes al fondo de infraestructura municipal.